El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Málaga acogerá mañana jueves, 17 de enero, el juicio contra el Ayuntamiento de Benalmádena por requerir la reposición a su estado original de las obras ejecutadas, de forma ilegal, en el entorno de la torre vigía de Torremuelle. La demanda ha sido interpuesta por la entidad Liperspoper S.L., empresa propietaria del restaurante contiguo quien, con la pretensión de apropiarse del terreno público, mandó construir de forma ilegal una jardinera, un muro y varias estancias, además de enfoscar de blanco numerosas piedras de la zona, protegida por la cercanía del BIC, para adaptarlas a la estética de su establecimiento. Dicha empresa se niega a demoler dichas obras ilegales ya que considera que el terreno público es de su propiedad.
A pesar de que un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento indicara que la interposición de un recurso contencioso-administrativo "no puede implicar automáticamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado", el Gobierno municipal no ha movido ficha para realizar los trabajos de reposición de forma subsidiaria con cargo a la empresa responsable del restaurante.
Ante esta situación, los vecinos temen que los abogados del Ayuntamiento no defiendan con contundencia los intereses generales de los vecinos de Benalmádena y no consigan que el infractor reponga a su estado original todo el entorno protegido de la torre.
La poca voluntad política de actuar contra esta ilegalidad por parte del anterior equipo de gobierno (PP y UCB) y el actual (PSOE, IU, CSSPTT y tres no adscritos) ha aumentado la "suspicacia" entre los vecinos de Torremuelle quienes creen que "detrás de todo esto se podría esconder supuestos intereses especulativos". Por ello, los vecinos llevan años reclamando que todo el entorno público vuelva a su estado original para recuperar los valores culturales del conjunto histórico y evitar que en un futuro se apropien del terreno público para construir en la zona.
Por otra parte, a los vecinos de Torremuelle les resultó "sospechoso" que en el pleno municipal de noviembre de 2016, el concejal no adscrito de Urbanismo, Óscar Ramundo, manifestase que se había realizado una prueba de retirada de enfoscado y que "el picado era sumamente laborioso", y añadió que después de la retirada del enfoscado "los mampuestos se quedaban inestables". Del igual modo, los vecinos se quedaron perplejos cuando en el mismo pleno el propio alcalde plantease "la posibilidad de estudiar" qué sería más rentable para el Ayuntamiento: "gastarse 6.000 € de dinero público" para demoler, subsidiariamente, una ilegalidad en un terreno protegido propiedad de todos los vecinos del municipio o "cobrar una tasa y legalizar las obras".
La prueba más evidente de que la retirada del enfoscado de las piedras no es "sumamente laboriosa" es que, actualmente, en algunos sitios se están desprendido por sí solas grandes capas de enfoscado blanco (foto 1), y en otras han sido arrancadas con facilidad cuando han quitado varios apliques que fueron colocados en la zona también de forma ilegal (foto 2). Además, en los lugares donde se han desprendido partes del enfoscado se puede comprobar, de nuevo, que no hay ninguna piedra inestable. Ahora mismo, lo verdaderamente inestable es el enfoscado que, como se puede apreciar, se está cayendo solo.
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| Foto 1 |
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| Foto 2 |
Al parecer, "en la zona privada del restaurante solo se les permite construir 20 apartamentos, pero con la apropiación del terreno público podrían duplicar el número de viviendas, por lo que los intereses especulativos son evidentes", destacan los vecinos.
"Todo apunta que el objetivo de los propietarios del restaurante contiguo es apropiarse del terreno público, como así lo han manifestado públicamente en varias ocasiones. Es más, en 2001, uno de los propietarios del restaurante presentó un proyecto para construir 42 apartamentos alrededor de la torre y, además, pretendía quedarse con 1531,27 metros cuadrados de zona pública (AQUÍ)", apostillan los vecinos.
Esta situación viene promovida después de que los miembros
de la Asociación de Vecinos de Torremuelle denunciaran las mencionadas obras ilegales en el Ayuntamiento, así
como también en la Delegación de Cultura, en el Defensor del Pueblo y en la
Fiscalía de Málaga tras contar con la colaboración y asesoramiento de la actual concejala de Puerto Marina, Encarnación Cortés (PSOE), cuando estaba en la oposición. De igual
forma, en marzo de 2014 -cuando el gobierno local lo encabezaba el PP-, los
vecinos también emprendieron una protesta en la puerta del Ayuntamiento y una
recogida de firmas que consiguió cerca de 1.000 respaldos, en las que se incluía
la firma del actual alcalde, Víctor Navas, por entonces concejal en la
oposición. Ahora los vecinos de Torremuelle no salen de su asombro al ver cómo estos concejales al llegar al poder se han desatendido de resolver dicha situación.
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