Es tremendo cómo el alcalde de Benalmádena se atreve a engañar a sus vecinos con el tema de la recepción de las urbanizaciones. Ahora se ha sacado de la manga que hay que cambiar la Ley de Ordenación Urbana para recepcionar las urbanizaciones. Eso es completamente falso, la Ley de Ordenación Urbana ya recoge en el artículo 154 la posibilidad de recepcionar las urbanizaciones. No hay que cambiar nada, todo depende de la voluntad política del Gobierno de turno y de su buen hacer y gestión.
Está claro que los vecinos que residimos en las urbanizaciones estamos financiando casi íntegramente el presupuesto del Ayuntamiento. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, asegura que las “urbanizaciones y entidades urbanísticas de conservación suponen una parte esencial en el tejido urbano de Benalmádena: del 21% de núcleo urbano de nuestro término municipal, abarcan el 79%”. De igual modo, el regidor sigue con su discurso populista y demagógico recordando que "el Ayuntamiento recepcionase el 100% de urbanizaciones y entidades urbanísticas de conservación supondría tener que multiplicar por cinco la plantilla municipal de trabajadores, o aumentar en cinco el presupuesto que dedicamos a las grandes contratas de servicios del municipio”, ha cifrado el alcalde.
En nuestra opinión, si el Ayuntamiento de Benalmádena cuanta con un presupuesto de más de 100 millones de euros y solo es capaz de abarcar el 21% del municipio. ¿Qué hacen con tantos millones? Además, las personas que vivimos en estas urbanizaciones con EUC (o Comunidad de Propietarios como es el caso de Torremuelle) pagamos IBI además de las cuotas para conservar las obras de urbanización que son de uso y titularidad pública. Es decir, pagamos doble. Lo cual es contrario al artículo 14 de la Constitución, pues estamos siendo discriminados. Los residentes de estas urbanizaciones estamos recibiendo menos servicios públicos que otros vecinos pagando los mismos impuestos. ¿El Ayuntamiento no tiene bastante con 100 millones de euros? Aunque en salarios no escatiman, especialmente para los altos cargos, donde el propio alcalde tiene una retribución anual cercana a los 90.000 euros; más que lo que cobra el presidente del Gobierno. Ya se ve, escasez de recursos según para quién.
Por otra parte, no entendemos ahora la insistencia en modificar la legislación vigente en materia urbanística que no es solo de ámbito autonómico. Puesto que los poderes públicos locales -ya que le gusta utilizar tanto este término al señor alcalde- tienen reconocida la potestad de planeamiento para establecer una norma fundamental en materia urbanística que es el PGOU donde se regulan las EUC. ¿Por qué deriva la responsabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando es el pleno el que puede suprimir todas las EUC vigentes en Benalmádena? Es sabido por todos cómo han aprobado en pleno la recalificación de terrenos o las ampliaciones de hoteles cuando la Ley de Ordenación Urbana dice otra cosa. En fin, aquí la ley la interpretan al gusto e intereses de los políticos, pero no para el bienestar de los vecinos del municipio.
Está claro que los vecinos que residimos en las urbanizaciones estamos financiando casi íntegramente el presupuesto del Ayuntamiento. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, asegura que las “urbanizaciones y entidades urbanísticas de conservación suponen una parte esencial en el tejido urbano de Benalmádena: del 21% de núcleo urbano de nuestro término municipal, abarcan el 79%”. De igual modo, el regidor sigue con su discurso populista y demagógico recordando que "el Ayuntamiento recepcionase el 100% de urbanizaciones y entidades urbanísticas de conservación supondría tener que multiplicar por cinco la plantilla municipal de trabajadores, o aumentar en cinco el presupuesto que dedicamos a las grandes contratas de servicios del municipio”, ha cifrado el alcalde.
En nuestra opinión, si el Ayuntamiento de Benalmádena cuanta con un presupuesto de más de 100 millones de euros y solo es capaz de abarcar el 21% del municipio. ¿Qué hacen con tantos millones? Además, las personas que vivimos en estas urbanizaciones con EUC (o Comunidad de Propietarios como es el caso de Torremuelle) pagamos IBI además de las cuotas para conservar las obras de urbanización que son de uso y titularidad pública. Es decir, pagamos doble. Lo cual es contrario al artículo 14 de la Constitución, pues estamos siendo discriminados. Los residentes de estas urbanizaciones estamos recibiendo menos servicios públicos que otros vecinos pagando los mismos impuestos. ¿El Ayuntamiento no tiene bastante con 100 millones de euros? Aunque en salarios no escatiman, especialmente para los altos cargos, donde el propio alcalde tiene una retribución anual cercana a los 90.000 euros; más que lo que cobra el presidente del Gobierno. Ya se ve, escasez de recursos según para quién.
Por otra parte, no entendemos ahora la insistencia en modificar la legislación vigente en materia urbanística que no es solo de ámbito autonómico. Puesto que los poderes públicos locales -ya que le gusta utilizar tanto este término al señor alcalde- tienen reconocida la potestad de planeamiento para establecer una norma fundamental en materia urbanística que es el PGOU donde se regulan las EUC. ¿Por qué deriva la responsabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía, cuando es el pleno el que puede suprimir todas las EUC vigentes en Benalmádena? Es sabido por todos cómo han aprobado en pleno la recalificación de terrenos o las ampliaciones de hoteles cuando la Ley de Ordenación Urbana dice otra cosa. En fin, aquí la ley la interpretan al gusto e intereses de los políticos, pero no para el bienestar de los vecinos del municipio.
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